La Coordinadora del Área de Igualdad y Bienestar Social de la CEP del PSOE en Córdoba, Rafi Crespín, mantuvo el pasado 9 de Mayo un encuentro con los militantes socialistas de Priego de Córdoba, en el que se abordó diferentes temas como el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la lucha contra la Exclusión Social de la Junta de Andalucía o la situación de la Ley de Dependencia.
Previamente, Crespín y la ejecutiva municipal del PSOE de Priego se sumaron a la manifestación contra el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), convocada con motivo de la jornada de huelga de la comunidad educativa.
Durante el encuentro, la responsable provincial del PSOE expuso a los militantes de la agrupación de Priego la nueva medida del gobierno autonómico de Andalucía para afrontar la situación de riesgo de las familias ante la situación de crisis: el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la lucha contra la Exclusión Social. Esta medida, cuya partida cuenta con 120 millones de euros, se divide en tres actuaciones:
- Modificaciones normativas para agilizar procedimientos relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad y al Programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía. (44 millones de euros).
- El Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria 2013. (16 millones de euros)
- Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía. (60 millones de euros )
o Ayudas a la Contratación. 40M€ para la contratación de desempleados en riesgo de exclusión social por un periodo de entre 15 días y tres meses. En el caso de Priego, por este concepto le corresponde: 77. 057, 48€
o Financiación complementaria para consolidar los Servicios de Ayuda a Domicilio. 20M€ destinada a mantener la dimensión horaria de la oferta, la cobertura a las necesidades de la población y el empleo en el sector, factores estos que se han visto afectados por la disminución de la aportación estatal al Sistema de Atención a la Dependencia. A Priego le corresponde: 60.883, 43€.
Al respecto, Crespín ha señalado que el PSOE en Andalucía está tratando de dar respuesta a una situación excepcional y de carácter muy urgente que está provocando la crisis. “La Junta ha aprobado este Decreto con el fin de que repercuta directamente sobre los pueblos y que llegue a todos/as, en un momento muy urgente y con la necesidad de afrontar de inmediato una situación que está llevando a que cada día haya más familias en riesgo de exclusión social”.
En este sentido, señaló que estos planes se desarrollaran previo informe de servicios sociales para que lleguen a las personas más necesitadas. Del mismo modo, indicó que el plan de garantía alimentaria infantil se llevaría a cabo desde las infraestructuras normalizadas, como son los comedores escolares, para así, evitar agravios para los niños y niñas que perciban este servicio.
Asimismo, destacó que tras el recorte del gobierno de Rajoy en la Ley de Dependencia, se estipuló la rebaja en las horas de ayuda a domicilio y con el decreto de la Junta, se pretende respaldar este servicio con el objetivo de sostener el empleo que se destruiría con la reducción de horas.
“La Junta de Andalucía, con mucho esfuerzo, está manteniendo el tipo y marcando diferencias y por esto, crea controversia entre el PP.” “Mientras que el gobierno del PP se está cargando lentamente la Ley de Dependencia, Andalucía toma la decisión de tratar de que no se caiga el sistema”, manifestó Crespín haciendo referencia al recorte en dependencia enviado a Bruselas, con una cuantía de 1.108 millones, más que la partida destinada para este concepto 1.087 millones, es decir, un 102% de recorte en un solo año.
Los 1.108 millones menos que se deja de destinar a Dependencia son como consecuencias de las medidas implantadas en el año 2012 que ha dejado a muchas personas sin este derecho: el aplazamiento de la incorporación de los dependientes moderados hasta 2015 o la eliminación de los dos niveles en los que se dividía el grado de dependencia. A todo esto hay que sumar la eliminación de las ayudas a las comunidades autónomas para financiar la dependencia, que en el caso de Andalucía ha sido de 214 millones de euros.
Las consecuencias de estas medidas se palpan verdaderamente en los municipios. En el caso de Priego de Córdoba, estos recortes del PP se traducen en que un total de 358 familias vieron disminuida la prestación que recibía, la eliminación del alta en la Seguridad Social a las mujeres cuidadoras y en que 117 ciudadanos prieguenses no podrán acceder a este derecho hasta el año 2015.
A pesar de todo ello, la Junta de Andalucía está realizando un esfuerzo para mantener el sistema en esta comunidad. En el caso, de este pueblo, un total de 693 vecinos son beneficiarios de la Ley de Dependencia, cuya inversión supone unos 482.000 € mensuales.
Sobre este asunto, Crespín apuntó que el PP dio una rueda de prensa para denunciar a la Junta de Andalucía por las vacantes de las residencias de mayores de Priego, pero “no dijeron nada de que este asunto no ha sido por la Junta, sino por las consecuencias que provocan los recortes de Rajoy”. “Por un lado recortan y no dan tregua a las comunidades, pero luego, les echan la culpa a otros de los problemas que ellos mismos provocan, cuando en este caso, la Ley de Dependencia se mantiene en Andalucía gracias a la Junta y no por el PP, que es quien se la está cargando poquito a poco”.
Al respecto, valoró que según sus actuaciones, el PP está más interesado en el colapso de los servicios en Andalucía para así poder señalar a esta comunidad, pero no dicen lo que se está haciendo y las personas que se ayudan. “Están aprovechando el desapego de la gente hacia la política y de la crisis para implantar su ideología, y aquí, solo saben apuntar a la Junta, cuando ellos mismos están asfixiando a esta comunidad: no ofrecen flexibilidad para el cumplimiento del déficit; dan la mitad del dinero solicitado al Fondo de Liquidez Autonómico y si solicitamos un plan especial empleo Andalucía, hacen oídos sordos”.
En cuanto a la manifestación contra la LOMCE, la coordinadora socialista cuestiona el ahorro que el gobierno del PP plantea con su implantación. “Es evidente que es más una reforma por una cuestión ideológica que por eficiencia”. “Uno de los argumentos que el ministro Wert esgrime es el alto índice de fracaso escolar, cuya reducción sí que se hará efectiva con la nueva ley, pero porque la criba de las reválidas quitaran del sistema a las personas con menos puntuación, por lo tanto, es una ley con carácter socialmente desintegrador”.
La nueva Ley educativa está provocando controversia entre la sociedad, ya que lesiona la igualdad de oportunidades pues se plantea el apoyo a colegios concertados que segregan niños y niñas, se recorta en becas y se dificulta el acceso a ellas, se ha subido las tasas universitarias, así como se resta la calidad de la educación pública rebajando la inversión, incrementando la ratio de las aulas o no sustituyendo una baja del profesorado hasta pasadas dos semanas.
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