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La clase política o los nuevos amos

Hace poco, en animada conversación con un vecino de origen suizo me dijo una frase que definía al cien por cien nuestro sistema político: “en España no hay democracia, se confunde la democracia con la libertad de expresión”.
Continuamente hemos oído reivindicar a nuestros políticos frases como democracia representativa, democracia participativa, democracia asambleísta, democracia parlamentaria, etc. y ello en contraposición a las dos tradicionales y ya obsoletas formas con las que algunos definían a su modo esa supuesta democracia, la democracia orgánica y la democracia popular.
Tanta definición de la palabra democracia te lleva a dos simples conclusiones. La primera sería que democracia sólo hay una, la democracia. La segunda, que aquellos que la apellidan lo único que intentan es cargársela en su propio beneficio. Y lo mismo que “democracia orgánica” enmascara una dictadura fascista y ”democracia popular” encubre una dictadura comunista, el resto de esas supuestas democracias lo que intenta es disimular las verdaderas intenciones de sus defensores, que no es otra que utilizar la democracia en su propio beneficio.
Cuando el pueblo español aprobó por mayoría la Constitución erróneamente creíamos que se estaba dotando a la población de una herramienta lo suficientemente útil como para asegurarse una verdadera democracia después de décadas de dictadura. El tiempo nos ha demostrado que aquella Constitución se hizo a imagen y semejanza de los partidos políticos, no de los ciudadanos, dedicados desde los inicios a defender sus intereses particulares soslayando el interés general.
La degeneración política ha llegado hasta tal punto que no hay día en el que no transcienda a la luz pública un nuevo caso de corrupción, tan incrustada entre la clase política española, sea del partido que sea, que ya da asco el simple hecho de leer la prensa. Ello sólo es consecuencia de la degeneración de la democracia española y el poder omnímodo acaparado por los dos principales partidos, PSOE y PP, pero que no ha dejado al margen a otros de menor identidad como CiU, IU, etc. Amparados en una ley electoral y una ley de partidos hechas a su medida, el oscurantismo, la falta de transparencia es su nota dominante, por mucho que nos quieran hacer creer lo contrario.
La famosa frase de Mariano Rajoy “sé que no he cumplido mis promesas, pero he cumplido con mi obligación”, es un claro ejemplo de la degradación democrática de nuestros dirigentes, que anteponen el poder y sus ambiciones particulares por encima del interés general. La obligación de un presidente de gobierno es cumplir sus promesas, y si llegado el caso no las pudiera cumplir por la situación heredada, su obligación sería convocar nuevas elecciones para que sea el pueblo el que decida, y no adoptando posturas absolutistas.
Cinco millones de parados, una juventud sin horizonte laboral alguno, la enseñanza y la educación en manos del ministro de turno, la privatización de la sanidad, el sistema de pensiones, etc. son otro claro ejemplo de la degradación democrática de este país. Decisiones de tanta importancia para la población se toma al margen de la misma. En este país, el referéndum, la consulta popular es tema tabú para la clase política. En Suiza, por ejemplo, se hace una media anual de cinco referéndums y, además, con carácter vinculante.
Vivimos una de las peores crisis que jamás hayamos conocido. Ella se ha llevado por delante a cinco millones de trabajadores, principalmente por el abuso de dinero público llevado a cabo por los entes públicos, principalmente los locales. Miles de empresas han tenido que cerrar ante el impago de facturas por parte de los ayuntamientos.
Sin embargo, esta crisis no ha afectado para nada a nuestra clase política. Ningún político ni ninguno de sus allegados ha ido al paro. Los EREs, es decir, los expedientes de regulación de empleo, no afectan a la clase política, a pesar de que ha sido la clase política la única responsable de la situación que atraviesa España. Ningún organismo que se conozca ha decidido suprimir cargos políticos a pesar de que la mayoría de ellos son absolutamente innecesarios. Al contrario, intentan subirse las retribuciones, como el caso del Parlamento andaluz, o subvencionarse sus comilonas y su barra de bar como ha ocurrido en el Congreso de los Diputados.
La duplicidad de administraciones públicas, como es el caso las diputaciones provinciales, o la inutilidad de otras, como pueda ser el Senado, son temas continuamente cuestionados por la ciudadanía, pero ahí siguen blindadas frente a los intereses generales.
En Suiza sólo hay ciento cincuenta políticos liberados. Los equivalentes a nuestros ministros y consejeros autonómicos. Ningún alcalde, ningún concejal ni cualquier otro cargo público tienen sueldo público. Compaginan su actividad política con su actividad laboral. En España hay ayuntamientos donde el mayor gasto anual es precisamente el sueldo de su alcalde.
La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 fue la que abrió la puerta a tanto desmán en las administraciones locales al dejar en manos del pleno de la corporación el número de concejales a liberar y la cuantía de sus retribuciones, así como el establecimiento de las plantillas de funcionarios. Los ayuntamientos comenzaron a llenarse de concejales a sueldo y las plantillas de funcionarios, como pago al voto, a incrementarse hasta límites inasumibles.
Fue Tomás Delgado quien tuvo el dudoso honor de iniciar en Priego la moda de las liberaciones de concejales. Para asegurarse su sueldo de alcalde, infinitamente superior a sus retribuciones laborales, no dudó en ir sucesivamente liberando concejales para asegurarse así una lista electoral que le permitiera perpetuarse de alcalde durante más de veinte años. Luego, cuando las urnas le relegaron a la oposición obligándole a su vuelta a la vida laboral, se vio aquejado de una extraña enfermedad que le inhabilitaba absolutamente para todo tipo de trabajo, excepto para seguir manoseando subvenciones públicas en un organismo de tan dudosa utilidad como es hoy en día el CITTA.
Estos nuevos concejales, para justificar de alguna manera esa retribución, asumieron funciones hasta entonces adscritas a los funcionarios, prostituyendo de tal manera la función pública que los escándalos por favoritismo se han perpetuado en el tiempo.
Los sucesivos gobiernos asumieron como suya la fórmula de Tomás Delgado, manteniéndose hoy día las mismas liberaciones con un coste de más de doscientos mil euros anuales para las arcas públicas.
No contentos con ello, se inventan otras figuras mezcla del pseudofuncionario y del pseudopolítico, como puedan ser los cargos de confianza o como son los secretarios de grupo, dándose circunstancias tan curiosas como que el equipo de gobierno, sea del color que sea, tenga un secretario de grupo a pesar de tener cinco concejales liberados, o que un grupo con un sólo concejal, como es hoy día el caso de IU, también necesite un secretario de grupo para que le ordene los papeles. En ambos casos, cobrando un sueldo público.
Y no es de extrañar que sean estos secretarios de grupo los que estén todo el día en las redes sociales haciendo proclamas políticas y defendiendo a sus jefes o “nuevos amos” de cualquier ataque de la ciudadanía. Por regla general, en estos secretarios de grupo se entremezcla una militancia patológica con la necesidad de un sueldo público, lo que es una auténtica bomba de relojería.
En resumen, pase lo que pase en España, hasta en los lugares más recónditos de nuestra geografía, la clase política seguirá ostentando y defendiendo sus privilegios sin importarles para nada la realidad social y económica del país. En eso sí que están todos de acuerdo.