El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, como propietario de la plaza de toros de Priego emprenderá acciones legales contra la Unión de Toreros y la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros, por el veto y la amenaza de huelga existente para los festejos taurinos que se organicen en la localidad.
Esta situación se remonta a los años 2011 y 2012, como consecuencia del impago que sufren los toreros por las empresas -Coso de los Califas- y -Juanconfer S.L.-, que gestionaron la plaza prieguense .
La alcaldesa de Priego María Luisa Ceballos informó que desde hace unos meses se está negociando con varias empresas interesadas en gestionar el coso priguense y tras el veto de estas asociaciones los futuros empresarios no están dispuestos a hacerse cargo de esta gestión, por lo que esto ha provocado que no se celebre la tradicional corrida de toros el próximo Sábado Santo.
Desde hace tres meses se ha estado negociando con varias empresas taurinas para la gestión de la plaza de toros y hemos comprobado que algunos de los empresarios no estaban dispuestos a hacerse cargo al conocer la prohibición”, ha explicado la alcaldesa de la ciudad, María Luisa Ceballos, en rueda de prensa. Esta situación ha provocado que “no haya corrida de toros esta próxima Semana Santa”, a la vez, que se ha dañado “la imagen de la plaza y de un municipio turístico como Priego”.
Ceballos declaró que desde el consistorio no se puede permitir esta situación en una plaza histórica y monumental destacando los más de 1,7 millones que las distintas administraciones han invertido en la restauración de la plaza de toros.
La alcaldesa prieguense anunció que en defensa del interés público el ayuntamiento va a emprender acciones legales contra los sindicatos taurinos.
Por su parte el concejal de cultura Miguel Forcada destacó que el ayuntamiento no va a pagar la deuda de estos empresarios, puesto que no existe ninguna sentencia judicial que así lo dictamine, afirmando que la convocatoria de huelga para la plaza de Priego es ilegal y por ello se va a solicitar un acto de conciliación entre las partes, señalando que desde el ayuntamiento se pedirá indemnización económica por los daños y perjuicios que se la ha ocasionado al municipio.
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