Recomienda este artículo a tus amigos

Políticos a sueldo

JUAN DE DIOS LOPEZ MARTINEZ

El mes de mayo de 2007 el Gobierno dictó una Ley (la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo) que en su Disposición Adicional Novena venía a modificar determinados artículos de la Ley de Bases de Régimen Local, que es la norma básica por la que se rigen los ayuntamientos. Entre estas modificaciones se encontraba la del artículo 75.7 de la citada ley, declarando el carácter público de los bienes patrimoniales, las incompatibilidades y las ganancias de los representantes municipales, obligándoles anualmente a publicar e inscribir en un registro los ingresos que obtenga durante su mandato, principalmente los declarados en las liquidaciones de la Renta, del Patrimonio y, en su caso, de Sociedades.
Los objetivos principales que persigue esta modificación legislativa son que los cargos públicos no utilicen su mandato para beneficiarse con actividades privadas y que el ciudadano conozca en todo momento cuáles son los ingresos de sus representantes políticos, así como su coste para las arcas municipales.
A pesar de que hace ya más de dos años de que esta modificación normativa se dictara, nuestro Ayuntamiento se sigue manteniendo al margen de la ley, ya que ni existe ese registro público, que se sepa, ni se han hecho publicas las retribuciones de nuestros representantes políticos.
¿Y qué razones pueden tener nuestros políticos para no hacer públicas sus retribuciones? Pues, posiblemente, el hecho de que éstas estén muy por encima de lo políticamente correcto si nos atenemos a criterios objetivos, como el presupuesto, la población, la situación financiera o la pérdida patrimonial que respecto de la actividad privada les pueda ocasionar su dedicación política.
Si no han cambiado las cosas desde que se iniciara la actual legislatura, nuestra alcaldesa tiene asignado un sueldo bruto anual de 49.000 euros, que distribuido en catorce pagas resulta un sueldo bruto mensual de 3.500 euros. Ello sin tener en cuenta otro tipo de emolumentos de carácter indemnizatorio, como dietas, gastos de desplazamiento, etc. u otras retribuciones por su condición de presidenta de la Mancomunidad o de consejera de CAJASUR.
Pues bien, si comparamos este sueldo con el presupuesto anual del Ayuntamiento (21,5 millones de euros) y con el número de habitantes (23.309), resulta que la alcaldesa cobra anualmente el 0,23 % del presupuesto, lo que equivale también a cobrar 2,10 euros por habitante y año.
Si confrontamos estas retribuciones con las que perciben los alcaldes de las capitales de las ocho provincias andaluzas, resulta que el alcalde de Huelva tiene un sueldo bruto mensual de 5.700 euros, lo que significa un 0,04 % del presupuesto y 0,55 euros por habitante. Respecto de Málaga, las cantidades serian de 5.500 de sueldo, 0,01% del presupuesto y 0,14 euros por habitante. Respecto de Almería, 5.000 de sueldo, 0,03% del presupuesto y 0,38 euros por habitante. Respecto del alcalde de Cádiz, las cantidades serían de 4.700 euros de sueldo, 0,04% del presupuesto y 0,53 euros por habitante. En cuanto al alcalde de Granada, el resultado seria de 4.700 euros de sueldo, 0,03 % del presupuesto y 0,28 euros por habitante. Respecto del de Sevilla, serian de
4.600 euros de sueldo, 0,01 % del presupuesto y 0,09 euros por habitante. Respecto del de Córdoba, 4.500 euros de sueldo, 0,02% del presupuesto y 0,19 euros por habitante. Por último, respecto del alcalde de Jaén, 4.200 euros de sueldo, 0,02 % del presupuesto y 0,51 euros por habitante.
Es decir, en términos relativos, nuestra alcaldesa supera al alcalde de Huelva, que es el mejor pagado de las ocho capitales de las provincias andaluzas, en un 575 % respecto de las retribuciones por presupuesto y en un 380 % respecto de las retribuciones por habitante.
Hablando ahora en términos absolutos y no en términos relativos, resulta que la alcaldesa de Priego cobra bastante más que alcaldes de capitales de provincia, como los de Huesca, Teruel, Palencia o Tarragona.
El alcalde de Huesca tiene un sueldo bruto mensual de 3.400 euros, lo que equivale al 0,02 % de su presupuesto y 0,95 euros por habitante. Respecto del alcalde de Teruel, tiene un sueldo de 3.357 euros mensuales, lo que equivale al 0,07% de su presupuesto y 1,34 euros por habitante. Respecto del de Palencia, el sueldo mensual es de 3.286 euros, equivalente al 0,05% del presupuesto y 0,56 euros por habitante. Respeto del alcalde de Tarragona, tiene un sueldo mensual de 2.371 euros, lo que equivale al 0,02% de su presupuesto y 0,24 euros por habitante.
Lo más sangrante de todo esto es ver cómo la alcaldesa gana una cuarenta por ciento más que el alcalde de Tarragona, es decir, 1.129 euros brutos más al mes, cuando Tarragona tiene un presupuesto de 161,5 millones de euros, que equivale a siete veces y media el presupuesto de Priego, y 132.536 habitantes, es decir, casi seis veces más habitantes que nuestro municipio. En su descargo diré que este sueldo fue implantado en la época de Tomás Delgado, personaje perteneciente a la leyenda negra de este pueblo, el cual, además de lucrarse con él durante varias legislaturas, lo convirtió en una auténtica “golosina” para políticos venideros, sobre todo si carecen de empleo estable, como es el caso de nuestra alcaldesa.
El tema de las retribuciones de los representantes locales es uno de los grandes males de este país. El hecho de que la Ley de Bases de Régimen Local dejara en manos del Pleno de los ayuntamientos (de la mayoría gobernante, mejor dicho) el establecimiento de las retribuciones de los cargos políticos sin tener en cuenta ningún tipo de criterio objetivo, ha provocado tal desmadre entre unos municipios y otros que hay alcaldes de pueblo con más sueldo que el propio Presidente del Gobierno, o concejales de festejos que cobran más que un catedrático de universidad.
Lo ideal seria que los políticos, como ocurre en Puente Genil o Aguilar de la Frontera, cobraran exactamente lo mismo que van a dejar de percibir en la vida privada, que es lo que en justicia les corresponde. Todo lo demás está comprobado que es una puerta abierta para primar la ineficacia, la ineptitud y los intereses particulares.
Esperemos que esa Ley Básica del Gobierno y de la Administración Local de la que tanto se habla y nunca se aprueba ponga algún día freno a tanto desmadre y a tanto sinvergüenza político. Mientras tanto, no estaría de más que nuestros cargos políticos hagan públicas sus retribuciones totales tal como la ley les exige.