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7 de enero de 2010 | JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ

OperaciónTontarrías (y III)

Tras la denuncia presentada contra Viti Durán por nuestros actuales dirigentes hemos podido constatar a través de distintos foros el juicio paralelo al que se está viendo sometida por parte de un determinado grupo de ciudadanos que, amparándose en el anonimato, se han erigido en jueces supremos; ciudadanos
que, obviamente, pertenecen al circulo de influencia del equipo de gobierno. Así, la han juzgado, condenado y sentenciado poco menos que a cadena perpetua. Pero aquél que se escuda en el anonimato para juzgar públicamente a otra persona, además de ser un acto de cobardía más que reprobable, pone claramente de manifiesto su carencia de personalidad, renunciando expresamente a su bien más preciado: la libertad. La esencia de la libertad es, precisamente, poder opinar libremente, y no desde el anonimato coartando maliciosamente a los demás su derecho de opinión y de réplica ¿Cuántas de estas personas se atreverían a decir lo que han dicho mediante un artículo de opinión publicado con nombre y apellidos en ADARVE o cualquier otro medio de comunicación? Hasta ahora, ninguna. La opinión despectiva vertida desde el anonimato es simplemente calumnia, injuria o, sencillamente, chisme.
También, desde ese mismo anonimato, se ataca a mi persona por el simple hecho de haber denunciado lo que entiendo que es una clara utilización fraudulenta de la Justicia. Sé que Viti Durán no goza de la simpatía de muchos, pero de la mía sí. y a parte de porque es mi cuñada, la seguiré defiendo porque tan seguro estoy de su inocencia como de que está siendo victima de una denuncia claramente partidista, sectaria y con un claro componente de intereses personales.
Al contrario de lo que ocurriera con Tomás Delgado, aquí hay una clara utilización
de la Justiciacon fines políticos. El mismo Javier Tarrías así se lo confesó. Por el contrario, a Tomás Delgado lo denunció un particular por intereses estrictamente personales.
Decía Groucho Marx que "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados» Y ésta es sin duda la forma de gobernar de nuestros actuales dirigentes; dedicados a buscar problemas en lugar de soluciones, sin saber después cómo corregirlos y sin sopesar las consecuencias que de ello se puedan derivar.
En primer lugar, Viti Durán ha sido imputada por la Justicia por un presunto delito de prevaricación urbanística, pero hasta que no exista una condena en firme que así lo sentencie Viti Durán seguirá siendo inocente. Si al final la justicia sentencia que Viti Durán ha prevaricado, lo pagará. Pero, lo que sí puedo afirmar con total rotundidad es que la Justicia jamás podrá demostrar que Viti Durán ha actuado con ánimo de lucro, simplemente, porque jamás ha dictado una resolución a cambio de dinero, y me consta fehacientemente que se le ha intentado sobornar durante su mandato por algún que otro promotor. ¿Podrán afirmar lo mismo y con esta rotundidad otros ediles, gerentes y técnicos de Urbanismo y promotores de Priego? Ya veremos. En caso contrario, no sólo estaríamos hablando de prevaricación urbanística, sino, mucho peor, de cohecho y de soborno.
El delito de prevaricación urbanística viene regulado en el articulo 320 del Código Penal, que textualmente dice "La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código Yo además, con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia» Dado que las licencias de obras las otorga el
Concejo de la Gerencia, por el hecho de querer llevarse a Viti Durán por delante, se pueden ver igualmente imputados todos los miembros del Concejo que en su dia las otorgaron.
Pero también los artículos 62 y 63 de la Ley de Régimen Jurídico y del procedimiento Administrativo Común nos hablan de la "nulidad" y de la "anulabilidad" de las disposiciones administrativas.
Muchas veces se quiere utilizar la justicia penal desde la política para cuestiones que son netamente administrativas; pero la justicia, sabedora de ello, tiene más que sentenciado que "el derecho penal constituye la última ratio aplicable a los hechos más graves para la convivencia social y en este sentido se rige por unos principios esenciales, entre ellos el de legalidad y el de mínima intervención» Efectivamente, Viti Durán ha dado licencias de segunda ocupación, es decir, derecho a luz y agua a construcciones realizadas en el pasado sin contar con la preceptiva licencia de obras, pero permitida su construcción por el Ayuntamiento durante el mandato de Tomás Delgado. Precisamente, se le imputa haber dado una de estas licencias a un vecino de Las Caracolas que, al igual que los demás, hizo una vivienda ilegal, y que ahora, con su mujer tetrapléjica, no le queda más remedio que habitar para poder atenderla al no poder vivir en un piso.
Ya veremos si la Justicia esto lo considera prevaricación, infracción administrativa o, sencillamente, nada; pero para mí, en cualquier caso, es simplemente humanidad.
Sin embargo, el Código Penal también contempla otro tipo de prevaricación administrativa. Así, el artículo 404 del mismo dispone que "La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años" Así, respecto de los nombramientos ilegales, lo que vulgarmente conocemos como nombramientos "a dedo" o "por enchufe", el articulo 405 del Código dice "La autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años» Y respecto de los que acepten uno de estos nombramientos ilegales, también el Código Penal en su articulo 406 se encarga de ello" La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el articulo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles». Todos sabemos que fue precisamente el equipo de gobierno actual el que se "cargó" la famosa Bolsa de Trabajo ¿Sabemos cuántos nombramientos se han efectuado por la alcaldesa en la presente legislatura al margen de los principios legales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad? Y este tipo de denuncias las puede poner cualquier ciudadano; no tiene necesariamente que ser un político. Y aquí no cabe conflicto  de intereses entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo.
Se podrían sacar innumerables ejemplos en los que nuestros actuales o anteriores dirigentes han actuado al margen de la ley, y no sería de extrañar que varios de ellos se vean en fechas próximas imputados por la comisión de uno o varios delitos, sean prevaricación, cohecho, encubrimiento, tráfico de influencias, etc., al igual que se pueda ver algún que otro promotor o algún que otro funcionario del Ayuntamiento.
Pienso que Javier Tarrías, en su soberbia y con el beneplácito y complicidad del resto del equipo de gobierno, ha levantado un "hacha de guerra" que pesa bastante más que él. Las consecuencias que puedan resultar de todo ello son absolutamente impredecibles. También pienso que los ciudadanos, que somos los principales perjudicados por los trapicheos políticos de nuestros gobernantes, deberían tomar cartas en el asunto y acudir de igual forma a la Justicia en defensa de los intereses propios y generales. Por mi parte, seguiré apoyando a Viti Durán hasta conseguir que la Justicia definitivamente ponga a cada uno en el lugar que le corresponde.
 

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