Los ayuntamientos pueden iniciar ya la elaboración de las normas para crear sus Registros de Demandantes de VPO

Entra en vigor la Orden que regula estas bases de datos, que serán una realidad a partir del próximo otoño

Los ayuntamientos andaluces pueden iniciar ya la elaboración de sus normas para la puesta en marcha de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, una vez que ha entrado en vigor la Orden de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que regula estas bases de datos, gracias a que se podrá conocer mejor la demanda de vivienda protegida y diseñar una oferta en consecuencia. Para facilitar que los municipios pongan en marcha los registros, Vivienda mantiene jornadas de trabajo técnicas con decenas de alcaldes.

Los Registros permitirán a los ayuntamientos y a la Junta de Andalucía conocer la demanda real de VPO de una forma exacta, lo que a su vez facilitará a las administraciones planificar mejor la política de vivienda protegida, ajustándola a las características de los demandantes en cada ámbito territorial.

La inscripción en estas bases de datos permitirá al ciudadano ofrecer sus datos de forma detallada. En primer lugar, su edad, ingresos o pertenencia, en su caso, a un grupo de especial protección para determinar qué programa de vivienda protegida se le ajusta más.

En segundo lugar, podrá explicar las características de la VPO que desea, en aspectos como el tamaño, si se tratara por ejemplo de una familia numerosa; si requiere una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida, si prefiere el régimen de venta, el de alquiler o el de alquiler con opción a compra, etc. Por último, la persona o familia podrá decidir si quiere inscribirse como demandante de vivienda protegida sólo en un municipio o si quiere dar otras dos localidades más como alternativas.

Una vez formulada esta solicitud, los registros municipales de demandantes de VPO supondrán una simplificación de los trámites que tienen que hacer tanto los ciudadanos como las Administraciones, gracias a la nueva herramienta informática que la Junta ha puesto a disposición de los ayuntamientos.

Este programa cruza los datos que proporciona el ciudadano sobre su situación socioeconómica con la información de la Agencia Tributaria, del Instituto Nacional de Estadística y del Catastro. Así se comprueban, respectivamente, sus ingresos, el lugar de empadronamiento y si no tiene otra vivienda en propiedad.

Adjudicaciones

A partir del 1 de enero de 2010, todas las adjudicaciones de viviendas protegidas se producirán entre los inscritos en los diferentes registros municipales, todos ellos solicitantes que cumplen los requisitos para acceder a una VPO, gracias a las comprobaciones que se han efectuado previamente.

No obstante, como la Consejería de Vivienda está informando ya a los ayuntamientos de los pormenores de esta iniciativa, con miras a preparar y formar a los técnicos municipales, se pretende que los potenciales demandantes de vivienda protegida puedan presentar a partir del próximo otoño sus solicitudes de inscripción en estas bases de datos.

La petición de inscripción en el registro de su municipio se podrá formular de forma presencial, por teléfono y a través de internet (en este último caso, con certificado digital).

Estas bases de datos no sólo van a facilitar a las administraciones una mejor planificación de la oferta de vivienda protegida, sino que también van a proporcionar a los ciudadanos sistemas de adjudicación de las viviendas más claros y transparentes. Así, los ayuntamientos podrán establecer baremos dentro de sus registros por las características de los adjudicatarios, ordenar a los solicitantes por antigüedad o bien combinar distintos sistemas.

También se suprimen los sorteos por parte de los promotores de VPO, que al obtener la calificación provisional solicitarán a los ayuntamientos un listado de adjudicatarios.

El consistorio proporcionará al constructor una relación de personas inscritas en los registros que cumplen las condiciones socioeconómicas exigidas para la promoción, con los correspondientes suplentes por si se produjera alguna renuncia.

Aunque los registros son una de las medidas incluidas en el proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda, actualmente en trámite parlamentario y que garantiza el cumplimiento efectivo del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna, la Consejería ha querido adelantar su entrada en vigor, aprobando ya la Orden que regula su funcionamiento.