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Referente a la modificación de crédito que ha creado la polémica, los socialistas afirman que los 438.376 de facturas a las que hace referencia el PP y que se contabilizan en la cuenta 413 del presupuesto son gastos que se han producido antes de finalizar un ejercicio y se contabilizan en el ejercicio siguiente, como por ejemplo facturas de luz. Todas las facturas están pagadas, a excepción de la parte del Consorcio de Bomberos, no existiendo proveedores a los que se les adeudase dinero, tal y como se les informó en la comisión de hacienda de forma responsable por la anterior delegada. 

En este sentido, en el año 2017, el grupo de gobierno del tripartido liderado por el PSOE tuvo que contabilizar 864.490,17 de facturas de ejercicios anteriores no contabilizadas por el PP, pasando a la 413 al igual que se ha hecho ahora, con la diferencia de que fue el doble del dinero del que el PP se queja ahora. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Priego, José Manuel Mármol, pide al PP “que se dejen de Milongas, que dejen de intentar confundir sobre la contabilidad de nuestro ayuntamiento y se pongan a trabajar por Priego, que para eso han subido la partida para pagarse sueldos un 88,5% más de 90.000€ anuales”. En este sentido, Mármol recuerda los más de cinco millones de euros que el anterior equipo de gobierno ha dejado en las cuentas bancarias a la nueva Corporación, una situación saneada y con liquidez, después de haber disminuido además en más de dos millones de euros la deuda municipal. 

El también secretario general del PSOE de Priego ha afeado que se intente sembrar dudas aprovechando la complejidad de la tramitación administrativa. En este sentido, desde el PSOE se vuelve a reiterar al Partido Popular la necesidad de establecer mecanismos más ágiles en la contratación, facilitando procedimientos más sencillos que los que es están aplicando en el Ayuntamiento de Priego desde la aprobación de la nueva ley de contratos del sector público, ya que se está evidenciando que genera problemas, además de malestar entre los trabajadores que tienen que tramitar los expedientes ante la intervención municipal.

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